El mundo está adoptando políticas sobre energía sostenible, pero ¿es suficiente?

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El pasado 9 de diciembre, hicieron público el informe Regulatory Indicators for Sustainable Energy (RISE) 2018 de las políticas sobre energía sostenible que se aplican en el mundo, en éste se recogen los avances mundiales en materia de políticas energéticas sostenibles y se indica que las políticas constituyen un indicador importante y un pilar fundamental de la transición mundial hacia la energía sostenible.

La publicación mide los avances normativos en 133 países entre 2010 y 2017 con respecto al acceso a la electricidad, la energía renovable, la eficiencia energética y el acceso a combustibles limpios para cocinar, con el fin de proporcionar datos útiles a los encargados de formular políticas y ayudar al sector privado a tomar decisiones debidamente informadas acerca de las inversiones en proyectos de energía.

Se destaca que la cantidad de países con marcos normativos sólidos en este ámbito se ha triplicado con creces desde 2010 (pasando de 17 a 59), observándose un extraordinario aumento en la adopción de la energía renovable y en las metas de eficiencia energética.

Sin embargo, en el informe se advierte que el mundo, en su conjunto, se encuentra solo a mitad de camino en la adopción de marcos normativos avanzados sobre energía sostenible, por lo que aún queda mucho por mejorar para lograr las metas mundiales en materia climática y el Objetivo de Desarrollo Sostenible sobre energía (ODS 7).

En el informe RISE 2018: Policy Matters (i) —un inventario mundial de políticas y regulaciones para lograr el ODS 7— se mide la adopción de políticas y reglamentaciones a nivel de los países relacionadas con el acceso a la electricidad, los combustibles limpios para cocinar, la energía renovable y la eficiencia energética.

Los indicadores abarcan 133 países y representan el 97 % de la población mundial. RISE 2018 proporciona un punto de referencia para los encargados de formular políticas para comparar sus políticas y marcos regulatorios con los de sus pares regionales y mundiales e identificar las brechas que pueden dificultar sus avances hacia el acceso universal a energía.

“El informe RISE 2018: “Policy Matters” confirma las cifras que ponen claramente de manifiesto que las políticas constituyen un indicador importante de la transición mundial hacia la energía sostenible. Sin embargo, el informe también contiene una advertencia: que sin la adopción acelerada y aplicación rigurosa de buenas políticas, el logro de las metas mundiales en materia climática y del ODS 7 está en riesgo”, señaló Riccardo Puliti, director superior de Prácticas Mundiales de Energía e Industrias Extractivas del Banco Mundial

 

Señalan en el informe, que de las cuatro metas que forman parte del ODS 7, el acceso a combustibles limpios para cocinar sigue siendo la más desatendida e infrafinanciada por parte de los responsables de la formulación de políticas.

Pese a que el informe concluye que hubo una evolución en los marcos normativos desde 2010, se observan pocos avances en cuanto al establecimiento de normas relativas a las cocinas o la oferta de incentivos para estimular a los productores a adoptar tecnologías limpias.

Si bien estos resultados son alentadores, en el informe RISE 2018 “se sostiene que a los países todavía les queda mucho por hacer”.

El mundo está solo a mitad de camino en la adopción de marcos normativos avanzados sobre energía sostenible. Esto pone en riesgo el logro del ODS 7 para 2030, y entorpece los avances hacia el objetivo de mantener el aumento de las temperaturas mundiales muy por debajo de 2 grados.

La aplicación de las políticas es un desafío fundamental. Si bien la existencia de marcos normativos sólidos es crucial, estos deben ser respaldados por instituciones y mecanismos de aplicación eficaces. RISE ha incorporado indicadores indirectos para ayudar a entender cuán encarecidamente los países se están centrando en la aplicación de las políticas.

Cabe destacar que en los países que han avanzado en materia de políticas sostenibles, el deterioro en la situación fiscal de las empresas nacionales de servicios públicos está poniendo en riesgo el avance. Entre los países con bajo nivel de acceso a la energía, la cantidad de empresas que cumplen con los criterios básicos de capacidad crediticia disminuyó del 63 % en 2012 al 37 % en 2016.

Con información de Banco Mundial.

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