Aumentan leyes ambientales, pero hace falta mejorar su aplicación

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Foto recurso, manifestación sobre medio ambiente

La débil aplicación del derecho ambiental está exacerbando las amenazas para el planeta, a pesar de que las leyes y organismos dedicados al medio ambiente han proliferado en las últimas cuatro décadas, destacó la primera evaluación global sobre la materia, publicada por ONU Medio Ambiente.

El informe titulado Estado de Derecho Ambiental: Primer informe global concluyó que, aunque el volumen de leyes ambientales se ha multiplicado por 38 desde 1972, la incapacidad de aplicar y hacer cumplir plenamente las regulaciones es uno de los mayores desafíos para mitigar el cambio climático, reducir la contaminación o detener la pérdida generalizada de especies y hábitats.

David Boyd, Relator Especial de la ONU sobre los derechos humanos y el medio ambiente señaló que “este informe explica el porqué, pese a la proliferación de leyes ambientales, persisten problemas como la contaminación, la reducción de la biodiversidad y el cambio climático”.

A menos que se fortalezca el estado de derecho ambiental, incluso las normas aparentemente rigurosas están destinadas al fracaso y no se alcanzará el derecho humano fundamental a un medio ambiente saludable”, señaló Boyd.

De acuerdo con el reporte, se concluyó que, si bien la cooperación internacional contribuyó a que numerosos países concertaran más de 1.100 acuerdos ambientales desde 1972 y a que se elaboraran múltiples leyes marco sobre medio ambiente, ni el

ni la asignación de fondos han dado lugar a la creación de organismos ambientales sólidos capaces de hacer cumplir las leyes y los reglamentos con efectividad.

Factores que causan la deficiente aplicación de las leyes ambientales

Los autores del informe identificaron que la escasa coordinación entre organismos gubernamentales, una capacidad institucional debilitada, la falta de acceso a la información, la corrupción y una participación cívica reducida, son algunos de los numerosos factores que contribuyen a esta deficiente aplicación.

“Ya tenemos la maquinaria en forma de leyes, regulaciones ya agencias para regir nuestro medio ambiente de forma sostenible. La voluntad política resulta ahora esencial para garantizar que las leyes y organismos funcionen a favor del planeta”, dijo Joyce Msuya, directora ejecutiva interina de ONU Medio Ambiente.

Y añadió diciendo que “esta primera evaluación mundial sobre el estado de derecho ambiental destaca la labor de las naciones que están del lado correcto de la historia y, como resultado, cuáles son más fuertes y seguras”.

Tendencias en el informe

En el informe se detallan los numerosos acontecimientos positivos en materia de derecho ambiental registrados desde 1972, incluida la aprobación del derecho constitucional a un medio ambiente sano en 88 países y la consagración de la protección del medio ambiente en las constituciones de otros 65.

Además, se resalta el establecimiento de más de 350 tribunales ambientales en más de 50 países, y la existencia de disposiciones legales sobre el derecho de los ciudadanos a la información ambiental en más de 60 Estados.

“La comunidad internacional puede hacer más. Con demasiada frecuencia, el apoyo de los donantes se centra en esferas muy específicas del medio ambiente, por lo que algunas áreas tienen sólidos programas ambientales mientras que otras no reciben fondos ni atención”, sostuvo Carl Bruch, director de Programas Internacionales del Environmental Law Institute.

Del mismo modo, el informe advierte una tendencia preocupante: la resistencia a las leyes ambientales que ha resultado en un creciente número de casos de hostigamiento, amenazas y asesinatos de defensores del medio ambiente.

Entre 2002 y 2013, 908 personas fueron asesinadas en 35 países, entre ellas, guardaparques, inspectores gubernamentales y activistas locales. Solo en 2017, 197 defensores ambientales fueron asesinados.

“La criminalización y los crecientes ataques a los defensores del medio ambiente son violaciones manifiestas del estado de derecho ambiental y una afrenta a los derechos, las funciones y las contribuciones de los pueblos indígenas y la sociedad civil en la protección ambiental”, afirmó Joan Carling, activista de los derechos de los pueblos indígenas y defensora del medio ambiente originaria de Filipinas.

“Este informe da cuenta de la falta generalizada de rendición de cuentas, gobernanza sólida y respeto por los derechos humanos a favor de la sostenibilidad”, señaló Carling.

La participación efectiva de una sociedad civil informada contribuye a que los gobiernos adopten mejores decisiones, las empresas apliquen medidas más responsables y las leyes ambientales sean más efectivas.

Según el Índice de Democracia Ambiental, solo 20 de 70 países examinados, es decir, 28%, están clasificados como “buenos” o “muy buenos” en lo que respecta a la elaboración de un informe periódico, completo y actualizado sobre el estado del medio ambiente.

Mientras que las normas y oportunidades para la participación cívica han aumentado de forma general, algunos Estados han incorporado nuevas restricciones a las actividades de la sociedad civil que limitan la capacidad del público de expresar su opinión sobre las injusticias relativas al medio ambiente.

Las iniciativas tendientes a restringir a la sociedad civil resultan más evidentes en China, la Federación de Rusia, Turquía, Vietnam y Camboya, entre otros países.

En el informe se destacan diversos ejemplos de buenas prácticas, incluidas numerosas innovaciones de países en desarrollo que suelen enfrentar los mismos problemas que los países desarrollados, pero con menos recursos para hacerles frente.

“El alcance de esas iniciativas refuerza dos puntos clave del informe: desarrollar y promover el estado de derecho ambiental plantea un desafío para todos los países y resulta cada vez más prioritario”.

Por su parte, ONU Medio Ambiente señala que para alcanzar los objetivos de los cientos de leyes, reglamentos y políticas nacionales en este sector –incluidos la salud, el bienestar público, economías sólidas y sociedades pacíficas– se debe asignar prioridad absoluta al fortalecimiento del estado de derecho ambiental.

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